21Noviembre2017

Martes, 21 Noviembre 2017
9:29:46pm
  • Las partes de la Constitución/ 2a parte
  • Por Dr. Emiliano Mateo Carrillo Carrasco (*)

RedFinancieraMX
México/Colaboración especial

El Poder Judicial de la Federación. Esta responsabilidad de nuestro Máximo Tribunal es constancia del importante rango constitucional que el Estado mexicano otorga a las garantías de los gobernados y a su principal medio de defensa, valores que mantienen primacía en la sección dogmática de nuestra Carta Magna. La Suprema Corte de Justicia y los Tribunales Colegiados de Circuito determinan el alcance y sentido de estas prerrogativas, mientras que la doctrina facilita su estudio.2. GARANTÍAS DE IGUALDAD: Este tipo de garantías l, 2, 3 pretende proteger la condición de igualdad que todas las personas ubicadas en el territorio nacional guardan respecto de las leyes y ante las autoridades. Es decir, dejan de lado cualquier consideración referente a que, por cuestiones de raza, sexo o condición social, las leyes se apliquen selectivamente. Están contenidas en los Artículos 1 (TODO INDIVIDUO GOZARA), 2 Apartado B (DERECHO DE LOS INDIGENAS), ART 4 IGUALDAD ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER), ART 5., primer párrafo (primer párrafo, establece que a nadie se le impedirá dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode.); ART.- 12 (prohíbe terminantemente la concesión de títulos de nobleza), ART 13.- (A su vez, el artículo 13 dispone que nadie puede ser juzgado por tribunales especiales ni leyes privativas; es decir, a nadie se le puede someter a un proceso llevado a cabo ante un tribunal creado específicamente para conocer de ese asunto, dado que la propia Constitución, en su artículo 17, indica que serán los tribunales de la nación -es decir, los creados de acuerdo con las leyes que aplican para todos los mexicanos- los responsables de impartir justicia
Artículo 31, fracción IV, prevé el principio de equidad tributaria, consistente en que el pago de impuestos se realice con base en las desigualdades surgidas de situaciones de hecho protagonizadas por los gobernados. Otra previsión establecida por este artículo es que la jurisdicción de los tribunales militares no podrá hacerse extensiva a no pertenezcan al ejército; cuando un civil se encuentre implicado en un delito del orden militar, no será juzgado según las leyes castrenses, sino de acuerdo con las civiles.3. GARANTÍAS DE LIBERTAD: Estas garantías son otorgadas por los artículos 1, párrafo segundo; 2, Apartado A; 3.., segundo párrafo, 5., 6., 7., 9.,10, 11, 15, 16 -párrafos noveno y siguientes-,24 y 28, que se refieren, respectivamente, a la prohibición de la esclavitud y a las libertades de autodeterminación de los pueblos indígenas; la libertad de educación; la libertad de procreación; la libertad de trabajo y la nulidad de pactos contra la dignidad humana ;la libertad de pensamiento y expresión; la libertad de imprenta; la libertad de asociación y reunión con fines políticos; la libertad de poseer armas en el domicilio y de portarlas en los términos que fije la ley; la libertad de tránsito; la prohibición de extraditar reos políticos; la libertad de intimidad; la conciencia y de culto y la libertad de concurrencia en el mercado.
X. SUSPENSIÓN DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES: El artículo 29 de nuestra carta magna: La suspensión de garantías individuales sólo puede producirse en los casos a que alude el artículo. No se trata de una facultad discrecional del titular del Poder Ejecutivo. Al respecto, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en los siguientes términos: las garantías individuales sólo pueden suspenderse por el Congreso de la Unión, mediante la petición del presidente de la República, de acuerdo con el consejo de ministros, en los casos de invasión y perturbación grave de la paz pública, o cualesquiera otros que pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto; así, entre tanto no se acuerde la suspensión de garantías correspondientes ,en la forma indicada, ni el Poder Legislativo de la Federación, ni los Poderes legislativos de los Estados, pueden expedir leyes que tengan como consecuencia la transgresión de las garantías individuales.
La suspensión debe responder a la existencia de una situación de gravedad especial, que pueda afectar tanto a la nación entera como a una localidad en particular; la situación de que se habla puede ser debida tanto a fenómenos naturales como a la actuación desordenada e ilegal de multitudes enardecidas. El artículo 29 constitucional es congruente con el diverso 13, en el sentido de que la suspensión no puede decretarse respecto de un individuo en particular, pues ello implicaría expedir una legislación de emergencia privativa, en contravención al artículo 13 constitucional. Por otra parte, la suspensión de garantías supone un rompimiento con el principio de división de poderes, establecido por los artículos
41 y 49 constitucionales. En efecto, la Constitución Federal estatuye que el gobierno dela nación es responsabilidad de tres poderes, competencias están claramente señaladas en la parte orgánica; ahora bien, la situación de suspensión de garantías provoca que en el presidente de la República, o sea, en el Poder Ejecutivo, se reúnan competencias que normalmente corresponden a los otros dos poderes. Así, el presidente podrá legislar, a fin de expedir las leyes de emergencia que tendrán vigencia durante la suspensión, y también podrá juzgar -atribución exclusiva del Poder Judicial- las controversias jurídicas que se produzcan en relación con las garantías suspendidas. La promoción de mecanismos de participación ciudadana no necesariamente conlleva una apuesta decidida por democratizar a la sociedad.
(*) Doctor en Ciencias Jurídicas

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