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Busca familia de Digna Ochoa demostrar que fue asesinada

por redfinanciera
  • La activista asesinada en octubre de 2001 en la Ciudad de México

RedFinancieraMX

Con el caso de Digna Ochoa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), los familiares y la defensa de la activista asesinada en octubre de 2001 en la Ciudad de México demostrarán que se trató de un “crimen de Estado”.

En rueda de prensa, Jesús Ochoa y Plácido, hermano de la defensora, acompañado por los abogados del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social (GADH), reconoció que estos 19 años han sido una lucha difícil porque, además de enfrentarse al o los asesinos, también tuvieron que enfrentarse a la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

En ese sentido, los abogados Karla Michel Salas y David Peña reconocieron que el que la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) elevara el caso ante la Corte-IDH y ordenara reabrir la investigación, es un paso positivo no solo para este caso, sino para todos los defensores de derechos humanos del país.

El hermano de la víctima hizo un recuento de todos los procuradores de la Ciudad de México que pasaron por el caso y quienes mantuvieron siempre la misma hipótesis que, dicen, fue creada por la entonces procuraduría capitalina, que sostiene que la activista se suicidó.

“Tuvimos acceso al expediente y vimos cómo los peritajes se hicieron a modo. Hay algunos que dicen que Digna no era proclive al suicidio, pero no fueron tomados en cuenta (…) Hemos esperado estos 19 años el acceso a la justicia y el día de hoy estamos ante la posibilidad de ofrecer las pruebas que guardamos para presentarlas ante la autoridad competente y que se investigue sobre un probable asesinato, que para nosotros no fue más que un crimen de Estado”, sentenció Jesús Ochoa.

David Peña recordó que en 2011 un tribunal federal resolvió que la investigación debería cerrarse, por lo que hasta ahora se mantiene congelada. Sin embargo, en mayo de 2019 la CIDH emitió un informe de fondo, en el que señala que el Estado mexicano es responsable de la “vulneración del derecho a la protección judicial de Digna Ochoa”.

El informe, que fue remitido al Gobierno de México en julio de 2019, detalla una serie de irregularidades graves en la investigación en función de la imparcialidad de la entonces Procuraduría, que determinó que la muerte de la activista fue un suicidio.

Asimismo, informó que el pasado 15 de febrero fueron remitidos ante la CIDH los documentos de anexos, testimonios y pruebas periciales ofrecidas por la familia Ochoa y Plácido y sus representantes legales: GADH y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

El representante legal consideró que el caso Digna Ochoa es emblemático en México porque muchas de las prácticas que se realizaron en aquel momento por las autoridades para no garantizar la justicia, continúan reproduciéndose en este momento con una crisis de agresiones y asesinatos contra defensores de derechos humanos.

En su oportunidad, la abogada Karla Michel Salas, directora del GADH, señaló que en el proceso ante la Corte-IDH alegan que el Estado mexicano también es responsable de la muerte de Digna Ochoa, porque nunca se investigaron las amenazas que recibió durante años por su labor como defensora.

“También señalamos que las autoridades mexicanas son responsables de haber denigrado la imagen personal y profesional de la abogada, al utilizar aspectos de su vida privada y de su condición de género para estigmatizarla y descalificarla”, expuso Salas.

Por último, mencionó que el caso Digna Ochoa ante la Corte-IDH permitirá hacer visible la violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos en México y que el tribunal internacional dicte las medidas para establecer estándares en materia de investigación de los casos de este tipo de crímenes.

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