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por redfinanciera
  • Bartlett podría ser detenido en EU por el secuestro, tortura y asesinato de agente de la DEA:
  • “Ciudadanos deben ser más críticos ante los procesos electorales”
  • INAI ordena a la FGR hacer públicas investigaciones contra Peña Nieto
  • Por Crescencio Cárdenas Ayllón

RedFinancieraMX

Pue ante la inminente cercanía de la fecha para realizar las votaciones “más grandes de la historia de México”, así le dicen pues, yo quiero insistir en que alguno de los árbitros de la jornada cívica del 6 de Junio deberían tomar en serio su papel y no solamente estar a la expectativa de que si el presidente AMLO dice algo sobre las elecciones o no y poner atención seria con los menajes de las campañas que lanzan los partidos de la competición porque ya se están pasando de groserías y acusaciones que no tienen como comprobar, además de hacer promesas que no tienen de dónde sacar ni ganas ni recursos para cumplirlas.

Así es que siguen engañando a  los ciudadanos, al pueblo que al final será el que decida quienes se queda y quienes se van a su casa, bueno eso esperamos porque como  dice la canción: cuál de los dos contendientes sufren más pena el que se va o el que se queda, el que se va se va suspirando y el que se queda se queda llorando, en fin la tormenta arrecia y si fuera una guerra amada sabe Dios cuántas víctimas tendremos en el país.

Y como decía el “cazador de ovnis” Jaime Mausán nadie hace nada porque sean más cordiales los mensajes y la propaganda, total al terminar la contienda todo se irá a la basura y solo les quedará la culpa de haber ofendido  agredido a los votantes

El Instituto Nacional de Transparencia, y sus etcéteras que son Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ¡Uuufff! ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) hacer públicas las investigaciones en trámite que hayan sido notificadas, las concluidas mediante sentencias condenatorias irrevocables o que hayan culminado con el no ejercicio de acción penal, así como las que cuenten con sentencias absolutorias o condenatorias firmes contra el expresidente Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2000 al 29 de enero de 2021.

En respuesta a la solicitud de un particular, tras la negativa de la Fiscalía para proporcionar esa información, el Pleno del INAI determinó que se trata de datos de interés público, por lo que procede su publicidad, garantizando así el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas.

“El daño que se causaría con la difusión de la existencia o inexistencia de denuncias contra la persona de interés, aun cuando esto reviste de carácter confidencial por ser un dato personal y evidente de la persona identificable, genera un mucho mayor beneficio a la sociedad en general al publicitarlos que resguardarlos”, indicó el comisionado Oscar Guerra Ford.

El funcionario enfatizó en que si se negara el derecho de acceso a la información “se impediría que la sociedad tuviera los elementos informativos necesarios para el debido escrutinio del ejercicio de las actividades de la Fiscalía o Procuraduría, en cuanto a sus facultades e investigadores, así como respecto del desempeño del ex servidor público”.

La FGR respondió que no podía dar a conocer la información requerida, argumentando que al afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna indagatoria, averiguación previa o carpeta de investigación en contra de una persona física identificada o identificable, se estaría atentando contra la intimidad, honor, buen nombre y presunción de inocencia de la persona.

Al analizar el caso, la ponencia del Comisionado Guerra Ford sostuvo que debe prevalecer el derecho de acceso a la información, por encima de la reserva, “pues se trata de un exsecretario, exdiputado, exgobernador y expresidente de la República, por lo que la información reviste un interés público, dados los requisitos para ocupar los cargos de referencia, las altas responsabilidades que le correspondieron y los recursos de los que dispuso”.

Con la sentencia, la FGR debe detallar la cantidad de averiguaciones previas y carpetas de investigación que ha abierto; el número de la averiguación y carpeta de investigación, el delito denunciado en cada indagatoria, la fecha de inicio de ésta, el estatus de cada una y la fecha de resolución de las que concluyeron en no ejercicio de la acción penal.

Así también, el número de averiguaciones o carpetas que fueron consignadas o judicializadas, las causas penales en las que recayó y el juzgado donde se radicó, si se logró alguna sentencia condenatoria, ya sea en primera instancia o definitiva, especificando la causa penal, delito y el tipo de sentencia y si en alguna de las consignadas y judicializadas se obtuvo sentencia absolutoria o sobreseimiento.

En México, los ciudadanos deben ser más críticos ante los procesos electorales, a fin de no dejarse convencer fácilmente y buscar información que les permita tomar mejores decisiones, coincidieron expertos reunidos por el Seminario Universitario de Transparencia (SUT).

“Se debe avanzar en invitar a la población a buscar información verificada, que sepa a dónde dirigirse y esa es responsabilidad de los ciudadanos, no conformarse con lo que nos quieren dar los que participan en una contienda, se debe generar una cultura con ciudadanos más críticos ante los procesos electorales”, aseguró Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).

La experta destacó que uno de los pilares de los sistemas democráticos es contar con información amplia y veraz para ejercer un voto informado, agregó que el volumen de datos con los que se cuenta, de diversos niveles y distinta calidad, supera las capacidades humanas.

“A pesar de que la sociedad contemporánea tiene acceso a un torrente informativo, no necesariamente se traduce en mejor información porque en redes sociales circula demasiada que no está verificada”, remarcó.

Jacqueline Peschard Mariscal, coordinadora del SUT de la FCPyS, destacó que las campañas políticas son el espacio ideal donde los ciudadanos se informan de las distintas ofertas o perfiles de los candidatos, sus propias propuestas políticas o programáticas.

“Sin embargo, lo que hemos visto recientemente es que las campañas, lejos de ser lugares para informar a los ciudadanos, paradójicamente son lugares para trivializar los asuntos políticos, para poner candidatos que bailan, cantan o hacen algún tipo de performance en lugar de centrarse en los temas que a todos nos preocupan en el momento actual”, comentó.

En su oportunidad, Fernando Castañeda, académico de la FCPyS remarcó que debido a que el país tiene carencias de transparencia, la UNAM, el Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos como Transparencia Mexicana han tratado de generar información de calidad que permita a los usuarios tener más información.

“Ha habido un gran esfuerzo por generar órganos políticos donde se pongan razones u opciones fundadas para hacer algo o no. Es algo que se había venido logrando. Sin embargo, hemos venido perdiendo esto”, destacó el titular del proyecto Voto Informado.

Castañeda Sabido expuso que esfuerzos como el sitio https://votoinformado.unam.mx/ permiten a los ciudadanos de la Ciudad de México conocer quiénes son sus candidatos, a quienes se les invita a responder un cuestionario donde se les pregunta qué piensan sobre la democracia y otros temas de interés general.

Este ejercicio también se ha realizado en Sonora y Nuevo León, dado que a través de la plataforma de la Universidad Nacional pueden pedir que los candidatos, que no lo han hecho, se sumen a este esfuerzo, añadió.

María Marván Laborde, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM y participante en el proyecto Análisis electoral 2021, aseguró que no es culpa de la ciudadanía no comprender del todo la información, porque México tiene un sistema electoral muy complejo que ofrece numerosas opciones para resolver conflictos electorales, como se ha visto en los últimos tiempos.

“Es muy difícil entender qué decidió la autoridad electoral, por qué lo hizo y si está apegado a derecho. Lo que tratamos de hacer en el sitio https://analisiselectoral2021.juridicas.unam.mx/ es seguir estas resoluciones y, explicar qué se resolvió, por qué y su importancia”, detalló la investigadora.

En el sitio, que se actualiza constantemente, los investigadores traducen las decisiones del Tribunal Electoral y acercan a las personas la información para que formen su propio criterio, por ejemplo es posible encontrar una explicación, lo más sencilla posible, de las razones por las cuales una candidatura como la de Félix Salgado Macedonio fue revocada, indicó.

Por último, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, enfatizó que los partidos políticos son similares a las grandes marcas comerciales que promueven a los aspirantes, pero no ofrecen en sus plataformas de internet herramientas que permitan al electorado comparar entre las diferentes propuestas que realizan.

Un ejercicio realizado por este organismo reveló que de los más de 90 millones de posibles electores, 66 millones no tienen acceso a una plataforma en la que puedan identificar a sus candidatos y, al menos, saber su trayectoria política.

“El modelo de información pública ya llegó al límite, se debe pensar en el 2024 que esté centrado en el elector y los mínimos de información que se deben asegurar en todo el país y que deben existir”, concluyó.

Funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos informaron que si el actual director de la Comisión federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, ingresara a ese país “sería inmediatamente detenido para ser interrogado por el caso del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena”, de acuerdo con una investigación realizada por la revista Proceso.

“Su nombre aparece en numerosas ocasiones y en varias páginas de los expedientes de la investigación abierta del caso Camarena. Si ingresa a Estados Unidos sería detenido para ser interrogado al respecto”, dijo a Proceso uno de los funcionarios estadunidenses.

El señor Bartlett sabe que su nombre ha sido mencionado durante las décadas que lleva esta investigación en curso del caso Camarena y por eso tendría que declarar ante un Gran Jurado”, agregó otro funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos a ese mismo medio.

Enrique Camarena, agente de la Administración Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, fue secuestrado el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara, dos días después fue asesinado por ex policías judiciales que seguían las órdenes de un grupo de narcotraficantes encabezados por Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, relacionados con autoridades federales y estatales, de acuerdo con el mismo medio.

Los testimonios aportados mencionan que varios “testigos protegidos” que llevan años colaborando en el caso “han insistido en mencionar a Bartlett”. “(Bartlett Díaz) tendría que hacer muchas aclaraciones sobre por qué diferentes testigos que, incluso entre ellos no se conocen, insisten en involucrarlo en el caso del secuestro, tortura y asesinato de Camarena”, sostiene uno de los dos funcionarios entrevistados por el periodista Jesús Esquivel.

Funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos informaron que si el actual director de la Comisión federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, ingresara a ese país “sería inmediatamente detenido para ser interrogado por el caso del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena”, de acuerdo con una investigación realizada por la revista Proceso.

“Su nombre aparece en numerosas ocasiones y en varias páginas de los expedientes de la investigación abierta del caso Camarena. Si ingresa a Estados Unidos sería detenido para ser interrogado al respecto”, dijo a Proceso uno de los funcionarios estadunidenses.

“El señor Bartlett sabe que su nombre ha sido mencionado durante las décadas que lleva esta investigación en curso del caso Camarena y por eso tendría que declarar ante un Gran Jurado”, agregó otro funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos a ese mismo medio.

Enrique Camarena, agente de la Administración Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, fue secuestrado el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara, dos días después fue asesinado por ex policías judiciales que seguían las órdenes de un grupo de narcotraficantes encabezados por Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, relacionados con autoridades federales y estatales, de acuerdo con el mismo medio.

Los testimonios aportados mencionan que varios “testigos protegidos” que llevan años colaborando en el caso “han insistido en mencionar a Bartlett”. “(Bartlett Díaz) tendría que hacer muchas aclaraciones sobre por qué diferentes testigos que, incluso entre ellos no se conocen, insisten en involucrarlo en el caso del secuestro, tortura y asesinato de Camarena”, sostiene uno de los dos funcionarios entrevistados por el periodista Jesús Esquivel.

Los documentos del caso mencionan que el titular de la CFE participó en “reuniones con narcos y funcionaros antes del secuestro y después del asesinato de Camarena”. La investigación de Estados Unidos también menciona a otros funcionarios del Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, como el General Juan Arévalo Marroquí, Secretario de la Defensa Nacional y José Antonio Zorrilla Pérez, Director de la entonces Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Por lo demás, creo que todos estamos bien.

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