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En Tabasco se dice…

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  • Los retos de la transparencia
  • La importancia del acceso a la información pública
  • Por Alfredo Camacho Lara

RedFinancieraMX

En las últimas dos décadas, la transparencia y el acceso a la información pública han ido permeando, cada vez más, en las leyes y discursos de legisladores y gobernantes, tanto en el ámbito nacional como en el local.

Con la expedición de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en junio de 2002, se multiplicaron los análisis, reflexiones, estudios, evaluaciones y modificaciones legales alrededor de esos temas.

Incluso, este mismo marco normativo se amplió paulatinamente hasta hacer obligatorio el que cada entidad federativa contará con su propia ley y su órgano garante  en materia de transparencia, lo que hoy en día es una realidad.

A esto se suma el hecho de que derivado de la progresividad en las reformas constitucionales se estableció como un derecho humano el acceso a la información pública.

La relevancia de estas transformaciones radica en el hecho de que la transparencia y al acceso a la información pública abren el camino a un mayor empoderamiento social, se erigen como una herramienta efectiva para el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y la fiscalización ciudadana, además de que contribuyen al fortalecimiento de la democracia.

Sin embargo, y pese a esos esfuerzos, aún queda mucho camino por recorrer en el ámbito de los tres actores que conforman el esquema de la transparencia y el acceso a la información pública: sociedad, sujetos obligados y órganos garantes.

En el primer caso, el de los ciudadanos, la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

(ENAID), realizada por el INEGI en 2016, refiere que si bien en las zonas urbanas la mitad de sus habitantes mayores de 18 años conocían alguna ley y órgano garante en esa materia, sólo un 5.6 por ciento de ellos había realizado una solicitud de información pública.

Esto habla de la enorme tarea que se tiene por delante para hacer que la sociedad asimile el principio de la transparencia y conozca y ejerza su derecho de acceso a la información pública, como una forma para mejorar su calidad de vida.

Respecto a los sujetos obligados, el comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), Julio César Bonilla, ha reiterado que los tres factores que les aquejan es la continua rotación de personal en las oficinas o unidades de transparencia; la falta de capacitación de los responsables de esas áreas, y los ínfimos presupuestos que ahí se tienen.

En lo que se refiere a los órganos garantes, sufren la misma problemática presupuestal: año tras año las asignaciones de gasto que proponen los gobiernos estatales y les autorizan los diputados locales, son bajas.

Un ejemplo concreto lo representa el mismo INFO, que de entre los siete órganos autónomos reconocidos en la Constitución de la Ciudad de México son los que menos presupuesto ejercen anualmente, esto según reportes de la Secretaría de Administración y Finanzas, y del Congreso capitalino.

Otro foco rojo para los órganos garantes lo representa su autonomía constitucional, la cual se ve vulnerada por los continuos intereses políticos, al tiempo que hay aquellos que carecen de “dientes” para sancionar los incumplimientos a la ley.

LA TRANSPARENCIA EN EL CORTO PLAZO

En México, la transparencia y el acceso a la información pública no tienen regreso; todo apunta a su fortalecimiento y consolidación, acorde con la tendencia que a nivel internacional marcan, fundamentalmente, países europeos.

No obstante, ese objetivo se quedará sin rendir los frutos esperado si la sociedad en su conjunto no se apropia de esas herramientas y las hace parte de su diario actuar.

Y se requerirá que a la par las autoridades y legisladores muestren un mayor compromiso y voluntad para que la transparencia y el acceso a la información pública no quede sólo en el papel.

Por tanto, la tarea es ardua y debe apresurarse el paso pues ya están encima, como temas de la agenda nacional, la protección de datos personales y archivos, ya con sus respectivas leyes y obligaciones para los gobiernos nacional y locales.

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