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Gobierno rechaza cualquier presión para cambiar legislación migratoria

por Redacción
  • Diputados expresan su preocupación al titular de Segob sobre el clima de inseguridad que vive el país

RedFinancieraMX

En la comparecencia del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, diputados del Morena, PAN, PRI, PES, PT, MC, PRD y PVEM lo cuestionaron respecto a las acciones que implementará México en torno a la caravana de migrantes hondureños que ingresan por la frontera sur del país; también, sobre seguridad y derechos humanos, entre otros temas.

En el marco de la Glosa del Sexto Informe de gobierno, el funcionario federal enfatizó que el gobierno mexicano dará a los migrantes el mayor número de protección humanitaria y de derechos humanos posible y aclaró que “frente al gobierno norteamericano, rechazamos cualquier intento de presión a cambiar nuestro marco legislativo en materia migratoria”.

Ante los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Población; Seguridad Pública; Asuntos Migratorios, y de Protección Civil y Prevención de Desastres, reveló que Estados Unidos “nos ha pedido deportaciones masivas, a lo que se les ha dicho que no. Hoy lo hizo otra vez, de nueva cuenta, a través del método de comunicación que utiliza el Ejecutivo norteamericano, de que paremos caravanas o migrantes que están ya en territorio nacional, y se le dijo, y se le vuelve a decir, desde esta tribuna, que no”.

Agregó que, por esa misma razón, no se aceptó un peso de ayuda del gobierno norteamericano, en materia alguna, “en el tiempo que su servidor ha sido secretario de Gobernación, porque no se necesita, y porque no hay un solo dato que pueda hacer que se comprometan las decisiones que le corresponden al gobierno de México”.

Subrayó que la relación política en materia migratoria con Estados Unidos, está lejos de ser la misma. “Es absolutamente contraria a una política xenófoba, de separación de familias, de discriminación de connacionales, a quienes se les trata como criminales, cuando lo único que están buscando son oportunidades de trabajo”.

El diputado Marco Antonio Gómez Alcántar (PVEM) señaló que el tema de inseguridad y violencia ha llegado a niveles alarmantes en los últimos meses, lo cual afecta la calidad de vida de personas y su patrimonio. “Sin duda alguna se trata de un enorme desafío que nos exige actuar con estrategias integrales, que comprendan fortalecer las capacidades institucionales del Estado y el uso de la fuerza pública como último recurso, a fin de garantizar a la ciudadanía su desarrollo pleno”.

Hizo un extrañamiento porque, a pesar de que la prevención del delito es fundamental, no posee el presupuesto necesario para el cumplimiento de sus objetivos y pasó a segundo término en esta administración, por lo que pidió una explicación al respecto.

En su respuesta, el titular de Gobernación reconoció que, efectivamente, hubo una disminución presupuestal hace dos años, en el programa de prevención social de la violencia y la delincuencia, a partir de la caída del petróleo y la decisión de no aumentar impuestos ni tampoco generar mayor deuda de parte del gobierno federal.

La parte primaria de prevención social, explicó, se sustituyó con el apoyo a otros programas de la Secretaría de Educación, la Conade, y la Secretaría de Salud, donde se invirtieron ocho mil 572 millones de pesos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred) para brindar más de 20 mil atenciones médicas, jurídicas y psicológicas a mujeres víctimas de violencia; 16 mil actividades culturales y deportivas y se benefició a más de 14 mil personas en materia de prevención social.

Añadió que “el 50 por ciento del total de los homicidios violentos que ocurren en el país, el 2 por ciento sucede en municipios. En 2007, el 30 por ciento se perpetraba con arma de fuego y, en 2017, se elevó a 70 puntos porcentuales”.

Apuntó que la entrada ilegal de armas al territorio nacional por parte de Estados Unidos, que no ha tomado acciones concretas en la materia bajo el amparo de la Segunda Enmienda, ha generado que casi el 80 por ciento de las mismas ingrese por esa frontera.

Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (PRD) preguntó su  postura sobre la caravana migrante, integrada por miles de personas, mayoritariamente hondureñas, pues la respuesta mexicana tiene dos vertientes, la del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien propone dar visas de trabajo, y la del gobierno actual, que envió más de 200 efectivos de la Policía Federal, para deportar a quien ingrese de manera ilegal al país.

Exhortó al titular de la Secretaría a buscar una salida diplomática y no usar medidas policiacas como primera instancia. “Estaremos observantes de los derechos humanos de los integrantes de la caravana migrante, para que no sean violados, sino salvaguardados. No podemos exigir al Presidente norteamericano que respete los derechos humanos de nuestros compatriotas, cuando nosotros no lo hacemos”.

Alfonso Navarrete enfatizó que el gobierno mexicano no ha deportado a persona alguna. “Lo que estamos haciendo es advertir, para que no sean presa de engaño, que existen muy pocas o nulas expectativas de éxito para ingresar a territorio norteamericano. Muchos de los migrantes son menores de edad, mujeres, adultos mayores”.

Refirió que “las leyes mexicanas “son claras, vigentes, y nosotros nos vamos apegar a ellas. Si quieren entrar a territorio nacional y no tienen visa, (podemos) ayudar a tramitarla; si lo que solicitan es refugio en México, debo decir con claridad que no cumplirían esta condición que señala la ley; sin embargo, se les dará el mayor número de protección humanitaria y de derechos humanos posible”.

La diputada Carmen Julia Prudencio Gómez, de Movimiento Ciudadano, expuso que, oficialmente, existen en el país 37 mil 485 personas desaparecidas y, de acuerdo con datos, en su informe sobre la materia del 2007-2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encontró la terrible cantidad 855 fosas clandestinas, de las cuales se habían exhumado mil 548 cadáveres o restos óseos. Por otra parte, de enero de 2017 a agosto del presente año, se localizaron otras 163 fosas clandestinas, de las que se exhumaron al menos 530 cuerpos, de los cuales fueron identificados 54.

Consideró incongruente que si su principal preocupación es dar certeza a los familiares de los desaparecidos, no haya instalado a tiempo el sistema, pues obstaculizó la función del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, por lo que pidió explicar esta situación.

En respuesta, Navarrete Prida enfatizó que el tema de los desaparecidos, es una enorme historia de dolor. “No hay una discusión racional, porque no la existe, para explicar el dolor más grande de una mamá o un papá que no sepa qué pasó con su hijo, independientemente la causa. Por lo tanto, realizamos lo que pide la ley y nos arrojó un número de 37 mil personas o un poco más, pero puede que no todas sean desaparecidas, porque hay quienes son declaradas ausentes; sin embargo, incluimos a todos para abarcar lo más posible y poder dar una respuesta a la ciudadanía”.

Agregó que se apoyaron con el Instituto Nacional Electoral (INE) y su plataforma, pues ellos cuentan con huella digital, nombre y fotografía. “Hicimos una compulsa que nos arrojó 16 mil datos positivos con nombre y apellido; la otra que tenemos en este momento es de cuatro mil 500 cuerpos que ya pueden ser entregados. Ahora, nos falta el siguiente paso que es justicia”.

Se tiene que hacer un cruce de datos biométricos con “Plataforma México”, la cual tiene más de 800 millones de datos y pueden arrojar mucha más información y comenzar con el registro de personas desaparecidas con vida, y sobre esto trabajar en instituciones de salud y de refugio, pues quizá voluntariamente quisieron ausentarse”.

El diputado Silvano Garay Ulloa (PT) coincidió en que uno de los temas más importantes en la política interna son los desaparecidos y preguntó qué se está haciendo con los aparecidos, es decir, el tráiler que tenía cuerpos de niños, mujeres, hombres. ¿Qué se está haciendo en este momento?

“Me queda claro que este gobierno no tuvo la preocupación para resolver los temas que deja pendientes”, subrayó.

El secretario Alfonso Navarrete Prida refirió que los Semefos (Servicios Médicos Forences) son responsabilidad de los gobiernos estatales, no es de la Federación; sin embargo, han dado apoyo a través de dos programas que tienen que ver con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el fondo que aprueba la  Cámara de Diputados, el cual asciende a dos mil 250 millones de pesos, lo cuales se destinaron para el fortalecimiento de infraestructura criminalística.

Agregó que en el caso de Jalisco, se puso a disposición toda una división de investigación científica y apoyo de parte de la Policía Federal, para identificar cuerpos y en el tratamiento de cadáveres que, en ese momento, se tenían en dos tráileres que, para poder mantener los niveles de refrigeración, estaban en funcionamiento o en movimiento.

El diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez (Encuentro Social) manifestó su preocupación por “las cifras alegres” del Sexto Informe del Ejecutivo, pues en la realidad el país padece extorsiones, feminicidios, secuestros y cobro de piso a todas horas del día. Cuestionó si hay algo favorable que informar a la ciudadanía y qué razón tuvo conformar el sistema de inteligencia, cuando la inseguridad sólo creció.

Señaló que el presupuesto gastado ha sido mucho, pero el grave problema no ha disminuido. “Siria se equipara a nuestro país en número de desaparecidos, sólo que esa nación está en guerra y la nuestra en supuesta paz”. Un lugar muy focalizado, agregó, es el Estado de México, entidad con tasas altas de violencia que no cede terreno.

En respuesta Navarrete Prida afirmó que los feminicidios se han podido atender de manera coordinada con los estados de la República. Destacó que, hoy, todos los códigos penales tienen tipificado ese delito y se le da el mismo tratamiento. Sobre la declaratoria de alerta de género, dijo que 15 entidades la han cumplido, siete se encuentran en proceso y ocho están como no declaradas.

Explicó que de agosto de 2015 a la fecha, se integraron dos mil 231 averiguaciones previas por el delito de feminicidio, y se ejecutaron 517 sentencias, de las cuales 90 por ciento fueron condenatorias. Resaltó que del total de denuncias, 93 por ciento corresponde a violencia intrafamiliar y no llegan a sentencia porque se otorga el perdón. Añadió que en la actual administración, de 122 objetivos criminales prioritarios, 110 ya no están en las calles y, aunque proliferaron varios tipos de violencia, el secuestro bajó 54 por ciento.

Héctor Yunes Landa, diputado del PRI, estimó que México ha cobrado relevancia en materia de migración, prueba de ello es que, en 2017, seis mil 903 extranjeros llegaron al país. “El panorama ha cambiado, porque ya no sólo somos un país de origen, sino de retorno y tránsito”. Pidió saber qué tipo de acciones se han realizado para atender a connacionales que han regresado y cómo se asegura su reinserción a la vida nacional. También preguntó qué se hace para proteger a niños migrantes y cómo se procede cuando los identifican.

También del PRI, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán destacó que, desde el inicio del sexenio, el Presidente Enrique Peña Nieto impulsó acuerdos con las fuerzas políticas más importantes, con el objetivo de transformar a México y darle una viabilidad de futuro. “Esa viabilidad le permitirá al próximo gobierno arrancar con un país sin sobresalto económico y con una base sólida para sus propios proyectos”.

El secretario de Gobernación sostuvo que la migración es un desafío complejo e internacional, pues hay 258 millones de indocumentados en el mundo. Indicó que, a lo largo del sexenio, se han atendido a 149 mil niños, que es 300 por ciento más que en la administración anterior. Detalló que, de ese total, 80 mil estaban acompañados y el resto no, por lo que se trabajó bajo protocolos para que tengan retorno asistido.

Afirmó que la dinámica migratoria del país ha cambiado, al pasar de ser una nación expulsora a una de tránsito, destino y retorno; sin embargo, dejó claro que “hay más mexicanos que regresan que los que cruzan a Estados Unidos, de tal forma que la afirmación del gobierno norteamericano respecto a los connacionales es absolutamente falsa.

El diputado Felipe Macías Olvera (PAN) consideró que “no se puede permitir que se maquillen cifras, se inventen logros o se excusen acciones; evidentemente, la administración no ha sido eficaz y fue la peor calificada en la historia reciente. No lo decimos nosotros, sino la ciudadanía”.

Este gobierno, señaló, deja los más altos índices de inseguridad y de menoscabo de la protección de los derechos humanos. “Suceden homicidios y ejecuciones todos los días, se asesinan periodistas y a mujeres todos los días, y no pasa absolutamente nada”.

Alfonso Navarrete precisó que de cien delitos cometidos, sólo se denuncian 20, pero únicamente 10 llegan a consignarse; además, el 98 por ciento de las sentencias son penas mínimas. “Se puede legislar y fijar sanciones de 180 años de prisión, pero no se aplicarían porque está prohibida la prisión permanente por el artículo 22 constitucional”.

Afirmó que “lo que está mal es el modelo de investigación policial. Ahí es donde se tiene que poner énfasis, para lograr consignar a alguien por todas las cosas que hizo y a sus cómplices. “Al margen de las bondades que pueda tener el nuevo sistema de justicia penal, algunas de ellas se tienen que modificar como la llamada puerta giratoria”.

De Morena, la diputada Tatiana Clouthier Carrillo manifestó que el país sufre una profunda crisis política y social. “Los ciudadanos no confían en sus instituciones y los gobiernos dejaron de representar los intereses de la gente. No en vano el resultado que acabamos de obtener el primero de julio”. Añadió que las personas han dejado de creer que sus representantes tienen algún interés en su bienestar, por eso ya no esperan nada de la clase política.

Subrayó que, en México, ejercer el periodismo o ser mujer, es una sentencia de muerte, además de que la cifra de desaparecidos llega a 37 mil personas; por ello, preguntó: ¿qué acciones va a tomar la Segob en los días que restan al actual gobierno, para que no siga el aumento de la violencia?

El titular de la Segob reconoció que la concentración de riqueza es indignante; hay familias que han acaparado capital y existe una muy mala distribución del ingreso; por eso, dijo, se realizó una reforma fiscal dirigida al 10 por ciento de los contribuyentes más ricos de México y eso, supongo, generó algún tipo de desencanto en algunos.

Agregó que la confianza en las instituciones quedó clara con los 50 millones de mexicanos que fueron a las urnas, creyendo en sus organismos democráticos y que eligieron un gobierno. Escogieron al gobierno por el proyecto detrás, pues esperan que funcione y que de resultados.

En su intervención inicial, ante diputados, el secretario de Gobernación reconoció que, a pesar de los intensos esfuerzos de distintos órdenes de gobierno, los problemas de seguridad pública siguen siendo graves y los niveles de violencia alcanzados en algunas zonas del país exigen reforzar las acciones, para devolver la paz y seguridad a las familias del país.

Subrayó que “en todo momento se ha sido sensible a la exigencia ciudadana de mayor seguridad y se ha actuado con decisión, para combatir la inseguridad que preocupa y ofende a todos los mexicanos”.

Mencionó que uno de los objetivos prioritarios de la política interior es garantizar la gobernabilidad, estabilidad política y la paz social. Es un  asunto del Estado que exige corresponsabilidad de los Poderes de la Unión, los órdenes de gobierno y de la sociedad, en el marco institucional, privilegiando el diálogo con los distintos sectores y actores de la vida pública y la construcción de acuerdos como la vía para la transformación, manifestó.

Navarrete Prida afirmó que, aprovechando todas las capacidades y recursos, se han puesto en marcha políticas públicas para fortalecer el Estado de derecho y hacer frente a dos desafíos de enorme complejidad: la seguridad nacional y la seguridad pública.

Para atender esos retos, se ha destinado casi 25 por ciento más de recursos, equivalentes a 82 mil millones de pesos, para fortalecer las instituciones de seguridad locales, mejorar y modernizar las instalaciones, capacitar y dignificar la labor policial, más que en la administración anterior.

El titular de la Segob destacó que la participación de las fuerzas federales en tareas de seguridad pública requiere definir el marco legal para la convivencia de militares y civiles en tiempos de paz, con estricto apego a los derechos humanos, detalló.

Dichas actividades, explicó, han sido asumidas de manera subsidiaria y temporal por las Fuerzas Armadas y la Policía Federal en los municipios que no tienen capacidad de cumplir con su obligación constitucional de brindar seguridad. Soldados, marinos y policías federales han actuado con valentía, lealtad y arriesgando su vida para auxiliar a las comunidades más afectadas por la delincuencia.

Resaltó la creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro y el fortalecimiento de las unidades especializadas para combatir ese delito, lo que ha permitido reducir la incidencia de secuestros en 54 por ciento, de octubre de 2013, cuando ese flagelo alcanzó el máximo histórico, a agosto del presente año. Aunado ello, surgen nuevos retos como la extorsión, indicó.

Respecto a la jornada electoral del primero de julio, dijo, que transcurrió en paz y demostró la madurez y la fortaleza de nuestras instituciones democráticas. “Es resultado de una reforma política surgida del diálogo y el consenso entre las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión”.

Refirió que la renovación ordenada del Congreso de la Unión y del Poder Ejecutivo federal fue también posible gracias a que se garantizaron las condiciones de gobernabilidad necesarias para llevar a cabo una elección con paz, con certeza y copiosa.

Apuntó que durante el actual gobierno federal, se ha vigorizado autonomía de los Poderes de la Unión, asegurando un efectivo contrapeso y distribución de responsabilidad del Estado. Se ha respetado e impulsado el pacto federal, que ha permitido la coordinación y colaboración entre órdenes de gobierno, para hacer frente a los retos.

“Desde la convicción democrática se está llevando a cabo una transición de la administración pública federal de manera pacífica, ordenada y respetuosa”, puntualizó.

Indicó que en la presente administración se concluyó con la fase de implementación y se avanza en la consolidación del Sistema Penal Acusatorio, para lo cual se invirtieron cerca de 18 mil millones de pesos. Esto representa el 90 por ciento del total de recursos federales asignados al proceso de implementación desde que éste arrancó hace más de 10 años.

A través del nuevo modelo, se han reducido el tiempo para resolver un proceso penal, de un promedio de 263 días en el fuero federal y 185 días en el furo común, en 2006, a solo 30 días en el 77 por ciento de los casos en este momento.

“El nuevo sistema coloca como eje la reparación del daño a las víctimas, la protección de los derechos humanos y el principio de presunción de inocencia de las personas. Sin embargo, reconocemos que aún hay retos que debemos atender especialmente para eliminar la llamada puerta giratoria”, reconoció.

Destacó la reducción en 14 por ciento del número de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la administración pública federal, respecto al sexenio pasado. Menos del 1 por ciento de las quejas presentadas por actos presuntamente violatorios de derechos humanos resultan en una recomendación.

Para proteger a los mexicanos que viven en el exterior y vuelven al país, se fortaleció el programa Paisano, y para facilitar la reinserción social y económica de los mexicanos que retornan  de forma definitiva, se puso en marcha la estrategia “Somos Mexicanos”, con estas acciones se ha dado apoyo a cerca de un millón de compatriotas desde el 2014, señaló.

Indicó que para garantizar los derechos y la dignidad de los migrantes que ingresan a México por nuestra frontera con Centroamérica, se puso en marcha el programa Frontera Sur, mediante el cual se han entregado casi 90 mil tarjetas de visitante trabajador fronterizo y más de 500 mil tarjetas de visitante regional.

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