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México, con la peor crisis sanitaria de su historia y un sistema de salud fallido

por redfinanciera
  • México, es el miembro de la OCDE  que destina el menor gasto del PIB (2.8%) a la salud
  • El presupuesto para el sector es  insuficiente, está estancado y es inequitativo

RedFinancieraMX

Al celebrarse el Día Mundial de la Salud, México quedó exhibido como  uno de los países que peor ha enfrentado la crisis sanitaria de la Covid-19 y presenta fallas en su sistema desde el punto de vista de su accesibilidad, la calidad de los servicios y la protección financiera para todas y todos.

De acueedo con Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, México Evalúa y el Centro de Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el sistema de salud de nuestra nación está fragmentado, y el acceso a sus servicios está vinculado al régimen laboral, lo que constituye una fuente de exclusión y discriminación.

Asimismo, en un comunicado de recuento del sistema de salud en México, los organismos señalados subrayan que el presupuesto para el sector es insuficiente, está estancado, no recibió incrementos reales durante la pandemia por Covid-19 y es inequitativo entre la población con y sin afiliación a la seguridad social.

Se aclara que todas las personas tienen derecho al “nivel más alto posible de disfrute de salud física y mental” y que los Estados están obligados a prevenir y tratar todas las enfermedades, así como a crear condiciones para el acceso a servicios médicos de calidad.

Sin embargo, se destaca que México es el país miembro de la OCDE  que destina el menor gasto del PIB (2.8%) a la salud, lo que se refleja en que 33 millones de la población están excluidos del sistema de salud.

Los especialistas del CEEY, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y México Evalúa, aseguran que el  sistema de salud en México, destaca que esas fallas en el sistema de salud afectan a la población más pobre.

Se agrega que la vinculación del acceso a servicios de salud con el régimen laboral constituye una de las principales fuentes de exclusión, discriminación y violación del derecho a la salud.

Se  añade que “es indispensable romper el cordón umbilical entre salud y trabajo” a fin de erradicar ysuperar la dicotomía entre “formalidad e informalidad”, porque la salud no es una prestación laboral sino un derecho humano.

Se hace hincapié en que sólo el 45% de la población, 56 millones de personas, cuenta con afiliación a servicios de salud de la seguridad social −IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal, Semar y Sedena −, y que 27% de la población (33.8 millones de personas) está afiliada a sistemas públicos diferentes a la seguridad social, como el Seguro Popular, hoy Insabi e IMSS Bienestar.

Asimismo, se matiza que el 2% cuenta con seguro privado o afiliación a otra institución. Y el 26% restante carece totalmente de afiliación a servicios de salud.

Para romper con todas estas fallas, los expertos proponen romper el vínculo entre salud y régimen laboral, para que todas las personas puedan acceder a servicios de salud como un derecho, sin condiciones y sin distinción.

Y agrega que para ello, se requiere:

1) Darle sostenibilidad al presupuesto de la salud. Financiarlo con impuestos generales que reduzcan sustancialmente la carga económica en los bolsillos de las familias.

2) Reorientar hacia los servicios de salud el gasto de programas y proyectos que no tienen rentabilidad económica y social.

3) Etiquetar ingresos provenientes de impuestos especiales para asegurar financiamiento a la atención de la salud pública, que suele verse impactada por las externalidades que generan ciertos consumos −tabaco, gasolinas, productos con alto contenido calórico−.

4) Incrementar el presupuesto para la salud, teniendo como primera meta igualar los montos presupuestales per cápita entre el Insabi y el IMSS, es decir entre la población con y sin seguridad social.

5) Transparentar el presupuesto asignado a la atención de la pandemia Covid-19.

6) Modificar los criterios de asignación del FASSA del Ramo 33, para que los recursos de la salud descentralizados a los estados se asignen con base en una función de costos y en las necesidades de atención a la salud actuales de cada entidad.

7) Implementar un modelo de salud con calidad centrada en las personas, que priorice la atención primaria en salud para prevenir, detectar y controlar las enfermedades antes de que se compliquen y generan altos costos de dolor y económicos.

8) Crear sistemas de información integrados, mecanismos de defensa de usuarios y vías de participación ciudadana, para evitar y corregir la negación del servicio, el desabasto de medicamentos, las fallas de calidad en la atención y los abusos y cobros excesivos en los servicios privados.

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