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por Redacción
  • Diputadas contra la trata y feminicidios; los gobernadores, ausentes
  • Por José Vilchis Guerrero

RedFinancieraMX

En San Lázaro las mujeres tomaron la iniciativa, se fajaron los pantalones y les dieron una lección a los varones. A los gobernadores que distraen recursos en sus intereses y descuidan la seguridad pública. La Comisión de Igualdad de Género presidida por la diputada Wendy Briceño Zuloaga (Morena) y Ángela Quiroga, comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), acordaron atender la emergencia de feminicidios y trazar una ruta conjunta que permita erradicarlos.

En Ecatepec –gobernado dos veces por el ahora senador Eruviel Ávila- y el Estado de México, que lo fue por Enrique Peña Nieto, prevalecen los feminicidios y superan al resto del país en ese delito y en Tenancinco y el resto de Tlaxcala, se acentúa la trata de personas, someten a las mujeres y las esclavizan en el ejercicio de la prostitución a la vista de todos. La autoridad, ausente.

Por décadas, Tlaxcala se ha llamado la Cuna de la trata de personas, pues en Tenacingo, municipio del sur de la entidad, es conocido como la tierra de lenones, porque desde hace muchos años han enganchado y forzado a mujeres de escasos recursos a prostituirse. Marco Antonio Mena Rodríguez no cumplió sus promesas de campaña de acabar con ese delito.

Pero la misma situación se vive en regiones de Puebla; Chihuahua con las muertas de Juárez, donde se hizo más patente el feminicidio, que se extendió a otros estados como Morelos, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Tamaulipas y en prácticamente todo el país.

La diputada de Morena, Elizabeth Díaz García, afirmó que México es un país de feminicidas; de once asesinatos que se cometen todos los días en Latinoamérica, nueve ocurren en México. “Ecatepec es el peor municipio para ser mujer porque tiene los más altos índices de este delito y robo de niñas”, pues el gobierno no está capacitado para atender ni frenar la ola de violencia. Ni Alfredo del Mazo Maza ni Enrique Peña Nieto han podido. No hay voluntad política. Recursos sí.

En el Senado también las legisladoras se unieron para repudiar a su colega Noé Castañón, quien fue denunciado por su esposa Mayte López García, por violencia intrafamiliar y haberle privado de sus tres hijos. Pese a todo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le permitió rendir protesta y protegerse con el fuero. Legisladoras formaron un frente para apoyar a la esposa del macho que se niega a entregar a su madre a los hijos que retiene. Senadores también la apoyan.

La diputada presidenta afirmó que la emergencia deriva de un problema que se tiene desde hace años, por lo que “conocer cuál es el estado, permite plantear acciones necesarias para frenarla y hacer efectivo el derecho a vivir una vida libre de violencia”.

Briceño Zuloaga precisó que en México ocurren 9 asesinatos de mujeres cada día y van en aumento, además, últimamente se han reportado feminicidios de niñas, que pone a la Nación en situación de emergencia y requiere urgente atención mediante un compromiso de Estado. “Es urgente trabajar con todos los órganos del gobierno y poderes de la Unión”

Consideró imprescindible que en este tema no haya ningún interés político ni mezquindad por encima del derecho de las mujeres. “Se tiene que ir más allá, urge acabar con la simulación en el sistema de gobierno”.

Los gobiernos estatales en su mayoría no van más allá de intereses políticos, y eso hace que se retrasen las declaratorias de alerta y en este sentido, “desde aquí, como legisladoras tenemos una gran responsabilidad para ir más allá de manera amplia, efectiva y responsable”.

Del mismo partido, Beatriz Rojas Martínez, expresó que organizaciones de la sociedad civil han denunciado dilaciones en los procesos para la declaratoria y alertas de violencia de género. La también morenista, Dorheni García Cayetano, consideró que las alertas no han mermado la violencia. Agregó que es compromiso de la LXIV Legislatura pugnar por dotar a las instituciones con más presupuesto, y mejorar los métodos estadísticos porque a la fecha no hay datos claros. Sin embargo, tanto Peña Nieto ha pedido perdón por haber fallado en materia de seguridad pública, como gobernadores que reconocen subejercicios presupuestales en la materia.

La diputada Mildred Ávila Vera (Morena) propuso tipificar el feminicidio a nivel nacional. De la misma bancada, la legisladora María Eugenia Hernández Pérez, dijo que se requiere capacitar personas comprometidas con la dignidad humana y defensa de la mujer en Agencias del Ministerio Público, y Unidades de Atención a Víctimas. También de Morena, Socorro Andazola Gómez, puntualizó que la brutalidad contra las mujeres exhibe la tarea no realizada del gobierno.

La diputada Marta Dekker Gómez (PT) afirmó que se han erogado miles de millones de pesos para atender los casos de alerta de género en las entidades, y cuestionó a la comisionada qué ha hecho con el dinero otorgado, cómo se ha distribuido y cuáles son los resultados. Es importante tener esta información con el fin de detener la ola de feminicidios y la corrupción que se vive en las instituciones encargadas de impartir justicia.

La también petista, diputada Maribel Martínez Ruiz, consideró que las instancias que deben procurar el bienestar de las mujeres no han dado buenos resultados.

La legisladora Olga Patricia Sosa Ruiz (PES) puntualizó que para su partido la seguridad de las mujeres es un tema prioritario. Para atender la emergencia nacional se necesita la ayuda de todos, es impostergable reunirse con los procuradores de justicia y titulares del Poder Judicial de los estados, para realizar un plan emergente de trabajo. Asimismo, con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos para conocer qué se está haciendo en este tema.

Por el PRI, la diputada Ximena Puente de la Mora, mencionó que los Centros de Justicia para las Mujeres son importantes porque a través de éstos se homologaron los protocolos de atención, medidas de protección y acciones para identificar, sancionar y erradicar la violencia tanto en el ámbito público como en el privado.

Verónica Sobrado Rodríguez, diputada del PAN, dijo que la inversión dirigida para los Centros de Justicia es enorme; sin embargo, en materia familiar y civil solo se brindan asesorías jurídicas que no implican el acceso de la justicia a las mujeres de forma efectiva, por ello, en estos Centros se deben crear defensorías de oficio de los derechos humanos con abogadas que brinden representación legal con perspectiva de género en asuntos laboral, civil y familiar.

Del mismo partido, la legisladora María Liduvina Sandoval Mendoza, cuestionó: ¿cuáles son los criterios que se utilizan para incluir o excluir municipios cuando se declara la alerta de género? Del PRD, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, subrayó que México es un campo minado para las mujeres y las niñas. Dijo que es necesario legislar para que haya un “tipo penal único del delito” e incluirlo en el Código Penal Federal.

De igual forma, Fabiola Loya Hernández (MC) consideró imperante legislar y proponer políticas públicas que contribuyan a prevenir los feminicidios. De la misma fracción parlamentaria, Lourdes Celenia Contreras González consideró necesario tener Instituciones que defiendan y cuiden de niñas y adolescentes.

La legisladora Ana Lucía Riojas Martínez, sin partido, urgió a trabajar en una definición clara de indicadores de violencia, y propuso revisar la Ley para fortalecer y garantizar su calidad de urgente con tiempos y plazos más claros; garantizar el diseño de políticas públicas que verdaderamente aporten al combate a la violencia, e implementar mecanismos de evaluación y rendición de cuentas que responsabilice a las instituciones involucradas.

En su oportunidad, la comisionada de Conavim, Ángela Quiroga Quiroga, acotó que México vive un estado de emergencia debido a la violencia de género ocasionada por la desigualdad: “aún existen muchos espacios en donde no hay igualdad entre mujeres y hombres, de oportunidades, ni en relaciones de pareja”.

Destacó la importancia del trabajo realizado desde que se expidió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la creación del Instituto Nacional de las Mujeres y los Institutos locales; sin embargo, falta mucho por hacer para mejorar las condiciones de igualdad entre ambos géneros.

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