Inicio NacionalPolítica Publicación de izquierda radical en EU, acusa a AMLO de ser una decepción para el mundo

Publicación de izquierda radical en EU, acusa a AMLO de ser una decepción para el mundo

por redfinanciera
  • Subrayan que encabezó un mal manejo de la pandemia y de militarizar al país
  • Lo señalan también porque ha sido nulo su apoyo a la población

RedFinanciera

Las críticas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no cesan y en pleno proceso electoral, la revista estadounidense The Nation, considerada como de izquierda radical, ha calificado al tabasqueño como “una decepción para el mundo” y para México, “mucho peor”.

Sumándose a las férreas críticas de otros medios globales, como la revista británica The Economist, el diario francés Le Monde o el alemán Welt, The Nation considera “fallida” la estrategia del presidente mexicano frente al Covid-19 y abunda sobre su “inclinación hacia la militarización”.

El artículo, firmado por Dawn Paley, enfatiza sobre las más de 32 millones de personas empleadas en “la economía informal” y es escaso el apoyo para ellos durante la pandemia (incluyendo a las empresas formales).

“Una encuesta el verano pasado encontró que el 61 por ciento de las empresas dijeron que necesitaban ayuda financiera, pero solo el 5.4 por ciento había recibido apoyo del gobierno”, afirma.

El texto hace un recuento de cuando, al inicio de la pandemia, López Obrador, se mostraba optimista y hasta recomendaba amuletos y “no mentir y no robar” para evadir al coronavirus.

A decir de Paley, a dos años y medio de su llegada al poder, la brecha entre las promesas de campaña de Obrador y sus acciones se ha ampliado pues, por ejemplo, los apoyos del Bienestar se estima que “llegan a alrededor de 14 millones de personas, poco menos de 1 de cada 10 ciudadanos”.

En el extenso artículo se pone de manifiesto que el presidente López Obrador ha apostado por apoyar a las fuerzas militares a quienes ha encargado proyectos de alta envergadura, como la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

Sobre el movimiento feminista, el reportero considera que, aunque AMLO tiene un gabinete incluyente, no ha abrazado ni alentado el creciente movimiento de mujeres que está presionando por el acceso al aborto legal y gratuito y un cambio estructural radical para poner fin a la violencia estatal y doméstica.

“En cambio, AMLO restó importancia a la violencia de género; apoyó a su candidato preferido para gobernador de Guerrero, quien enfrentó múltiples acusaciones de violación”, abunda.

La publicación va más allá, al asegurar que los homicidios en el país han continuado “a un ritmo aterrador” pues en 2019 y 2020, “hubo 71 mil 072 asesinatos en México, lo que marca dos de los años más violentos en décadas”.

En el ámbito de los “energéticos”, critica el que el Gobierno haya adquirido una refinería a las afueras de Houston, Texas, pues eso demuestra “un deseo de volver al pasado, antes de que el libre comercio y la privatización destruyeran la compañía petrolera nacional de México”.

A sólo dos días de la elección más grande en la historia de México, el articulo critica, también, la manera en que el Gobierno aborda la migración pues, “aunque prometió brindar ‘protecciones humanitarias adecuadas’, los periodistas y trabajadores de derechos humanos compararon las condiciones de los migrantes que esperaban las audiencias de asilo de Estados Unidos en México con los ‘campos de concentración’”.

“Las elecciones de mitad de período, programadas para el 6 de junio, servirán como barómetro del sentimiento público hacia el gobierno de AMLO. Se han realizado campañas en medio de la pandemia y en un clima de violencia electoral”, sostiene el autor.

Aquí el artículo completo:

Durante los últimos 25 años, Lucía Mixcoatl ha vendido cactus en el extenso mercado Hidalgo en la ciudad mexicana de Puebla. Pero desde que comenzó la pandemia, las ventas de los cactus, llamados nopales y considerados un alimento básico de la dieta mexicana, han caído vertiginosamente. “Antes de que comenzara la pandemia, podía vender mil o más nopales todos los días; ahora tengo suerte si vendo 500 o 600 ”, me dijo a través de una máscara KN-95 negra. Cada pieza se vende por alrededor de 7 centavos, lo que significa que sus ingresos ya modestos, que usa para mantener a cuatro hijos como madre soltera, se han reducido a la mitad. Desde entonces, dos de sus cuatro hijos abandonaron la escuela y ella está luchando para pagar la conexión a Internet de sus otros hijos, que ahora toman clases en línea.

Mixcoatl es una de las más de 32 millones de personas empleadas en la economía informal de México. Como en otros países, las pequeñas empresas en México se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia. Pero la ayuda del gobierno en México ha sido escasa: una encuesta el verano pasado encontró que el 61 por ciento de las empresas dijeron que necesitaban ayuda financiera, pero solo el 5,4 por ciento había recibido apoyo del gobierno. Varios estados de México han intervenido para ofrecer asistencia económica, pero no ha logrado llegar a muchos. En Puebla, Mixcoatl no calificaría para un préstamo pandémicopuesto a disposición de las empresas formales, que deben reembolsarse en cinco años con un interés del 14 por ciento. “Este es exactamente el momento en que el gobierno debe ayudarnos, dándonos Internet, brindándonos más oportunidades para que nuestros hijos puedan permanecer en la escuela”, dijo Mixcoatl, quien es miembro del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Puebla.

No fue hasta diciembre que el gobierno federal anunció asistencia en efectivo específica para la pandemia para los ciudadanos: un pago de $ 570 para cubrir los gastos del funeral en caso de que un miembro de la familia muera a causa de Covid-19.

El dolor económico que siente la mayoría pobre de México se ha visto agravado por el devastador número de víctimas del virus. Según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins, México está empatado con Perú en la tasa de letalidad más alta del mundo: más de nueve de cada 100 personas que se sabe que están infectadas con Covid han muerto. Las disparidades en el sistema de salud del país significan que los pacientes de Covid ingresados ​​en hospitales públicos tienen muchas más probabilidades de morir que aquellos que pueden pagar la atención privada. Los casos del país se dispararon en el Año Nuevo; hoy en día, el total de muertes de México solo se encuentra detrás de las de Estados Unidos, Brasil e India.

A lo largo de la crisis económica y de salud provocada por el nuevo coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo hace dos años y medio, se ha mantenido optimista. Después de que se anunciaran los primeros casos de coronavirus en México en marzo del año pasado, sugirió que llevar amuletos e imágenes de santos protegería a los mexicanos del Covid-19. En junio pasado, López Obrador dijo que, junto con el distanciamiento social, una dieta adecuada y una buena higiene, “no mentir, no robar y no engañar” ayudaba a prevenir la infección.

El hombre de 67 años finalmente contrajo Covid en enero, después de meses de minimizar la pandemia y aparecer sin máscara en eventos públicos. Después de su recuperación, afirmó que ya no necesitaba usar una máscara, ya que ya no era contagioso.

Desde el año nuevo, las campañas de vacunación han comenzado a implementarse en todo el país. En diciembre, los médicos y enfermeras del sector público fueron los primeros en vacunarse; desde febrero, una de las siete vacunas aprobadas para su uso por los reguladores se ha puesto a disposición de las personas mayores y los maestros. A partir de este mes, las personas mayores de 40 años pueden registrarse para acceder a una vacuna. Al momento de la publicación de esta historia, poco más del 10 por ciento de los mexicanos están completamente vacunados.

Frente a la disrupción masiva derivada de la pandemia, desde que asumió el cargo, el presidente ha impulsado muchos planes y proyectos existentes: promoviendo la “austeridad republicana” y el fin de la corrupción, prometiendo modernizar la compañía petrolera estatal e impulsando la firma. proyectos de infraestructura diseñados para incrementar el flujo de bienes y turistas. A medida que aumentaban los homicidios, creó una nueva Guardia Nacional y respaldó una mayor participación militar en los asuntos civiles.

López Obrador, comúnmente conocido como AMLO, fue elegido en julio de 2018 con una amplia mayoría. Un veterano político y ex alcalde de la Ciudad de México, fue su tercera carrera para el cargo más alto de la nación. Su partido, el Movimiento por la Regeneración Nacional (Morena), tomó el Congreso y el Senado, además de ganar cinco contiendas de gobernador y el control de la Ciudad de México. AMLO hizo campaña como candidato progresista, prometiendo trabajar por la justicia para las víctimas de la violencia; poner fin a las masacres , que se habían generalizado durante las dos administraciones anteriores; y “dar prioridad a los pobres, por el bien de todos”.

La victoria de AMLO energizó la política mexicana y llevó a muchos a especular que el país finalmente estaba teniendo su turno como parte de la “marea rosa” del liderazgo de izquierda en América Latina. Desde su primer día en el cargo, López Obrador ha demostrado su maestría en la realización de poderosos gestos simbólicos. El día de la inauguración, se presentó al Palacio Nacional en su Volkswagen Jetta de siete años e inmediatamente abrió Los Pinos, la residencia presidencial, al público como centro cultural.

Su administración ha calificado formalmente su mandato de seis años como la “Cuarta Transformación” de México, una referencia a tres períodos seminales en la historia de México: la independencia de México, las reformas liberales del siglo XIX y la Revolución Mexicana. Como presidente, AMLO declaró “el fin de la política neoliberal” y exigió disculpas a España y al Vaticano por su papel en la conquista y subyugación de los pueblos indígenas. Y el Plan Nacional de Desarrollo , documento rector de su mandato presidencial, declara “el fin de la ‘guerra contra las drogas’” en términos inequívocos.

Pero dos años y medio después de su administración, la brecha entre las promesas de campaña del presidente y sus acciones se está ampliando. AMLO ha impulsado la austeridad en el sector público y se ha negado a introducir nuevos impuestos a los ricos o ceder en su promesa de evitar contraer nuevas deudas, incluso en medio de las crisis de salud y económicas provocadas por la pandemia. A principios de 2021, México había gastado menos del 1 por ciento del PIB en el alivio de la pandemia (compárelo con más del 13 por ciento en los Estados Unidos).

Los pagos en efectivo para los más vulnerables han sido algunas de las acciones clave de AMLO para redistribuir la riqueza: se envían cheques regulares a personas mayores, personas con discapacidades, estudiantes, pescadores y agricultores campesinos que pueden calificar para un pago mensual a cambio de plantar árboles frutales. Los pagos condicionales en efectivo a ciudadanos pobres no son nuevos; que comenzaron durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997.

Hoy en día, estos pagos han sido rebautizados bajo el paraguas de “bienestar” ( bienestar ), para igualar la marca de AMLO, y se estima que llegan a alrededor de 14 millones de personas , poco menos de 1 de cada 10 ciudadanos. El presidente ha afirmado que estos mismos programas ayudarían a los más vulnerables durante la pandemia, pero fallará a cubrir la mayoría de los adultos en edad de trabajar, incluyendo los trabajadores pobres. El único apoyo disponible para millones de mexicanos es a través de redes familiares y ayuda mutua.

La administración de AMLO aprobó una ley laboral que fortalecía los derechos de los trabajadores a sindicatos independientes, aumentó el salario mínimo y presionó a algunas corporaciones para que pagaran los impuestos adeudados al estado. También ratificó el nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México, y en general se mantiene en buenos términos con las corporaciones más grandes del país y las familias más ricas. Pero la firma de la presidencia de AMLO hasta ahora ha sido la austeridad en todos los ámbitos, con una excepción: el ejército.

“En todos los decretos aprobados hasta ahora recortando personal en la administración pública y bajando el gasto en línea con las políticas de austeridad, siempre hay una cláusula en la que se exceptúa a las fuerzas armadas”, dijo Mariano Sánchez-Talanquer, economista político mexicano que actualmente es una Academia. Becario de la Academia de Estudios Internacionales y de Área de Harvard. “Mientras todo lo demás se reduce, y el resto del estado vive en la escasez fiscal, que ahora se ve agravada por la crisis económica, el único sector del estado que ha visto incrementado su presupuesto, y por lo tanto su poder, es el militar”.

Sánchez-Talanquer comparó la postura del presidente sobre los militares con un “cebo y cambio”, en el que AMLO prometió frenar a los militares, pero en cambio profundizó y expandió su papel. Aunque quienes están fuera del círculo íntimo del presidente todavía no saben exactamente qué motivó su cambio de opinión, el poder sustancial del ejército, fortalecido después de más de una década de despliegue en todo el país, no puede pasarse por alto.

Al inicio de su mandato, López Obrador hizo caso omiso de una coalición diversa de más de 300 organizaciones de la sociedad civil que exigían que la Guardia Nacional fuera una fuerza civil, como lo estipula la Constitución. Independientemente, desde 2019 un soldado de carrera ha liderado la Guardia Nacional, las tropas ahora suman más de 100,000, la mayoría de ellos ex soldados.

En mayo pasado, AMLO firmó un acuerdo que regulariza el papel activo del ejército en la vigilancia hasta el final de su mandato. Contrariamente a las promesas de AMLO de poner fin a la guerra contra las drogas, el ejército sigue activo en la aplicación de la prohibición. En un día cualquiera en México, se estima que hay 150.000 fuerzas armadas desplegadas en todo el país, más de la mitad de ellas dedicadas a la pacificación. Los soldados detuvieron a más personas entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020 que en cualquier año desde el inicio de la guerra contra las drogas, y las fuerzas armadas continúan confiscando cocaína, marihuana y fentanilo.

Bajo AMLO, las fuerzas de seguridad han asumido un papel enorme en el país. Hoy, los soldados están construyendo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y colocando vías para una sección del Tren Maya, construyendo miles de nuevos bancos y ayudando con programas sociales y distribución de vacunas. Los marines, una fuerza militar de élite con estrechos vínculos con los Estados Unidos, ahora controlan los puertos de México; y la Guardia Nacional se ha hecho responsable, junto con el ejército, de vigilar a los migrantes no mexicanos que viajan al norte de los Estados Unidos.

AMLO ha prometido durante mucho tiempo hacer justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero en 2014. El otoño pasado, cuando el general Salvador Cienfuegos, quien era secretario de defensa cuando los estudiantes desaparecieron, fue arrestado por cargos de tráfico de drogas en Los Ángeles. , el presidente declaró inicialmente que cualquier persona involucrada en actividades delictivas en el ejército sería investigada y sancionada. Pero su declaración de responsabilidad en las filas rápidamente sonó hueca: Estados Unidos deportó a Cienfuegos de regreso a México en noviembre, y solo unas semanas después el fiscal general de México lo absolvió de todos los cargos.

Raymundo Ramos, presidente del Comité no gubernamental de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, inicialmente tenía la esperanza de que la nueva administración ayudaría a llevar justicia a las familias de decenas de personas desaparecidas por los marines en esa ciudad en 2018. Ramos y Jessica Molina, cuyo esposo desapareció. Marines ese año, se reunió dos veces con Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos, migración y población, en las primeras semanas de la nueva administración. Pero las cosas no han salido según lo prometido. “Estamos decepcionados con el gobierno actual”, dijo Ramos en una entrevista telefónica desde Nuevo Laredo. “A mí me parece que al final el ejército les ha impedido cumplir con sus compromisos con las víctimas y las familias de las víctimas”.

En abril, 30 infantes de marina fueron arrestados en relación con las desapariciones de 2018 en Nuevo Laredo. Ramos se enteró de las detenciones a través de periodistas y los familiares de los desaparecidos no fueron debidamente informados de las detenciones. “Mientras el gobierno federal continúe apoyando ciegamente a las fuerzas armadas mientras se distancia de las víctimas, no habrá una mejora significativa”, dijo Ramos.

Trágicamente, las desapariciones no se han detenido. El número de personas denunciadas desaparecidas en el país desde 2006 asciende ahora a más de 85.000 . Más de 37.800 personas han desaparecido desde que AMLO asumió el cargo, de las cuales más de 16.000 aún no se han encontrado. Según el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de México, existen al menos 120 colectivos , integrados en su mayoría por familiares de desaparecidos, dedicados a la búsqueda y sensibilización sobre las desapariciones. Estos grupos, a menudo liderados por mujeres, se han convertido en una nueva fuerza social en el país, desafiando la impunidad, la complicidad del gobierno y la corrupción del sistema de justicia en un esfuerzo por encontrar a sus seres queridos.

“La verdad es que en lugar de ayudarnos, este gobierno nos ha revictimizado”, dijo Silvia Ortiz vía WhatsApp. Ortiz es presidenta de Grupo Vida, un colectivo de búsqueda en la ciudad norteña de Torreón, donde su hija Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz fue desaparecida hace más de 15 años. Los cambios recientes en la Comisión Ejecutiva de Asistencia a las Víctimas (CEAV), que ayuda a las familias que experimentaron una desaparición que involucra a las fuerzas de seguridad del Estado o al crimen organizado, han descalificado a muchos de la asistencia mensual. “Nos dieron 12 días para enviar toda la documentación para volver a calificar para la ayuda mensual”, dijo Ortíz. “Ahora dicen que tenemos que hacer nuestras compras y traer recibos, y nos reembolsarán, pero ¿cómo ayudará esto a aquellos que ni siquiera tienen suficiente para comprar comida?”

En todo el país, los grupos de mujeres han continuado organizándose contra la violencia de género. Las movilizaciones del 8 de marzo de 2020 para el Día Internacional de la Mujer estuvieron entre las manifestaciones más grandes y generalizadas de los últimos años. El gobierno de López Obrador instituyó la paridad de género en el gabinete, pero el presidente no ha abrazado ni alentado el creciente movimiento de mujeres, que está presionando por el acceso al aborto legal y gratuito y un cambio estructural radical para poner fin a la violencia estatal y doméstica. En cambio, AMLO restó importancia a la violencia de género; estaba detrássu candidato preferido a gobernador de Guerrero, quien enfrentó múltiples acusaciones de violación (fue descalificado para postularse por un tecnicismo, y su hija ha continuado su campaña); y advirtió a las mujeres que protestan por ser infiltradas y “ manipuladas por conservadores ” , fascistas y autoritarios .

Los homicidios han continuado a un ritmo aterrador. En 2019 y 2020, hubo 71,072 asesinatos en México, lo que marca dos de los años más violentos en décadas. Un recuento basado en informes noticiosos encontró que había habido 533 masacres (asesinatos de al menos tres personas) en México durante los primeros nueve meses de 2020. Algunas de las masacres llegaron a los titulares internacionales: el asesinato de nueve miembros de la familia LeBarón, incluido tres bebés y tres niños, en el estado de Sonora a fines de 2019, o la masacre de enero de 2021 de 19 personas, la mayoría de ellos migrantes guatemaltecos, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Pero la mayoría de las masacres no logran convertirse en noticias internacionales y solo tienen una breve aparición en el ciclo de noticias nacionales.

Una de esas masacres tuvo lugar en San Mateo del Mar, Oaxaca, hogar de conflictos de larga data con respecto al gobierno local y los intereses corporativos en las tierras comunales. Pero en la memoria viva nunca ha habido un asalto tan sangriento como el ocurrido el 21 de junio de 2020, cuando fueron asesinados 15 indígenas Ikoots, algunos de ellos quemados hasta la muerte.

A última hora de la tarde del Día del Padre, un grupo paramilitar que los sobrevivientes vinculan con las autoridades locales utilizó murciélagos y piedras para atacar a 31 personas que ocupaban un edificio municipal. Los atacantes sacaron jarras de gasolina y quemaron vivas a sus víctimas. María del Rosario Guerra me dijo que la Guardia Nacional y la policía estatal acompañaron a los paramilitares a la comunidad y se quedaron al margen mientras sus amigos y camaradas eran masacrados. “La Guardia Nacional estaba allí y no hicieron nada, solo estaban mirando”, dijo Guerra en una entrevista en la ciudad de Oaxaca.

El ataque ha quedado impune y decenas de familias indígenas siguen desplazadas de sus tierras ancestrales. Alejandrino Abasolo Mora, otro sobreviviente de la masacre, dijo que las fuerzas de seguridad vieron cómo los hombres y mujeres atacados pedían ayuda. “No podemos volver a nuestras tierras”, dijo Abasolo Mora en una entrevista en la ciudad de Oaxaca en diciembre. En el sexto aniversario de la masacre, los sobrevivientes Ikoots instalaron carpas y un tanque de agua improvisado en la plaza central de la ciudad de Oaxaca en un esfuerzo por presionar al gobierno estatal para que actúe contra los asesinos. Cocinaban comidas sencillas de sardinas y verduras para compartir, dormían en el parque y se duchaban en las casas de los seguidores. “Huimos el 21 de junio, los 16 que sobrevivimos somos desplazados, ninguno ha regresado, y por eso vinimos aquí, seis meses después”, dijo Abasolo Mora.

Al otro lado de la plaza desde donde los sobrevivientes de San Mateo habían instalado su campamento se encuentra otro, compuesto por indígenas Triqui que fueron expulsados ​​de sus tierras por la violencia paramilitar hace más de una década. Aunque el número de desplazados internos (PDI) en México se redujo a 8,864 en 2019 (desde un máximo de más de 23,000 en 2016), el número de eventos violentos que causaron desplazamientos se ha mantenido estable. Un número desproporcionado de desplazados internos en México son indígenas.

A medida que la violencia y la pandemia se propagan por todo el país, el gobierno de AMLO se ha centrado en proyectos de infraestructura diseñados para acelerar el flujo de mercancías y facilitar el turismo, y ha presionado para fortalecer la capacidad de refinería de la petrolera estatal Pemex. Alguna vez una fuente de ingresos para el estado mexicano, hoy Pemex es la compañía petrolera más endeudada del mundo . Pero el presidente está decidido a cambiar el rumbo. En el presupuesto de este año, se destinaron $ 16 mil millones para Pemex.

El plan de AMLO para el sector de petróleo y gas incluye la construcción de una nueva refinería en el estado de Tabasco y la compra de una parte de una refinería estadounidense en las afueras de Houston, Texas. También sirve como ejemplo de cómo su política a veces parece estar informada por el deseo de volver al pasado, antes de que el libre comercio y la privatización destruyeran la compañía petrolera nacional de México. Sin embargo, intentar volver a la prosperidad del pasado impulsada por el petróleo significa hacer la vista gorda ante la urgente necesidad de reducir la extracción y las emisiones de combustibles fósiles.

Al principio de su mandato, el presidente eliminó un controvertido aeropuerto parcialmente construido en la ciudad de Texcoco, y puso al ejército a cargo de la construcción de un nuevo aeropuerto internacional para la Ciudad de México, que está diseñado para aliviar los retrasos y retrasos de los viajeros que entran y salen de uno. de las metrópolis más grandes del mundo. La construcción continuó a buen ritmo, así como el tráfico aéreo se redujo en un estimado del 50 por ciento debido a la pandemia.

Mejorar las carreteras locales, construir nuevas carreteras y modernizar puertos y aeropuertos es parte del impulso de transporte de AMLO. Dos proyectos importantes en el sur de México — un tren en la península de Yucatán y un corredor comercial a través del istmo de Tehuantepec — tienen una posición especial como prioridades presidenciales.

El artículo señala que el “tren maya” es un circuito de tren de 965 millas que transportaría turistas durante el día y combustibles fósiles y otras cargas de noche entre los balnearios de la Riviera Maya y la ciudad selvática de Palenque, Chiapas. Particularmente controvertidos son el potencial para la especulación inmobiliaria y la privatización de tierras mayas de propiedad comunal, así como la construcción de 19 estaciones de tren que se espera que incluyan nuevos hoteles, centros comerciales y otros servicios para turistas en áreas ecológicamente frágiles.

El gobierno de AMLO ha trabajado para construir un sentido de toma de decisiones compartida para los proyectos prioritarios del presidente. López Obrador promocionó una votación apresurada en 30 comunidades afectadas como una luz verde de las comunidades locales para continuar con la construcción, pero Naciones Unidas encontró que el proceso no cumplía con los estándares internacionales que garantizan el consentimiento libre, previo e informado. “No fue una consulta previa, no fue gratuita ni de buena fe, no fue adecuada y la gente no estaba bien informada”, dijo Sara López, del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil. yo en una entrevista en Campeche el año pasado.

El corredor comercial entre los océanos Atlántico y Pacífico en el Istmo de Tehuantepec, la parte más estrecha de México, se originó por primera vez con el conquistador español Hernán Cortés en el siglo XVI. La idea ha sido revivida periódicamente por la clase dominante desde entonces. “Ninguno de esos gobiernos… consideró la diversidad lingüística y cultural de la región, o la diversidad de flora y fauna, o la riqueza material e inmaterial de esta tierra”, dijo Víctor Cata, un historiador y activista de la lengua zapoteca radicado en la ciudad de Juchitán, Oaxaca.

Cata dijo que tiene la esperanza de que el enfoque de este gobierno en la región sea diferente. “Esperamos que las cosas se hagan bien esta vez. Es solo el segundo año y, como ciudadanos, esperamos que las cosas se hagan correctamente. Mientras tanto, estaremos haciendo nuestro trabajo y buscando alternativas en nuestra cultura y lengua zapoteca ”, me dijo en una entrevista telefónica en febrero.

Se espera que la construcción del Tren Maya cree 80.000 puestos de trabajo. A largo plazo, ONU Habitat ha estimado que se crearán tres cuartos de millón de puestos de trabajo en la península, y el gobierno ha prometido que los parques industriales y el corredor de tránsito a lo largo del istmo generarán 400.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Ambos megaproyectos se alinean con el deseo de Washington de fomentar una mayor inversión y desarrollo económico en el sur de México para evitar la migración.

El enfoque en proyectos de infraestructura como el nuevo aeropuerto, el Tren Maya y el corredor transístmico reflejan lo que para algunos es un modo de política anticuado e incluso colonial. “Lo que entiendo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es intentar renovar el estado y la idea de nación”, dijo Ezér May May, un historiador maya del pueblo de Kimbalá, Yucatán. Compara el impulso del gobierno federal para construir el Tren Maya y llevar a cabo una nueva planificación territorial con una especie de “colonialismo interno”, en el que los burócratas de la Ciudad de México imponen su versión de progreso a las comunidades mayas del sur del país.

Cuando Donald Trump fue presidente de Estados Unidos, él y sus partidarios acusaron a México de no controlar el flujo de migrantes, principalmente de Centroamérica, hacia la frontera de Estados Unidos. Los llamados Protocolos de Protección al Migrante (MPP) se introdujeron en el segundo mes de la presidencia de AMLO, lo que llevó a decenas de miles de migrantes no mexicanos a esperar al sur de la frontera con Estados Unidos, a menudo en campamentos informales cerca de la frontera. Aunque el gobierno mexicano prometió brindar “protecciones humanitarias adecuadas”, los periodistas y trabajadores de derechos humanos compararon las condiciones de los migrantes que esperan audiencias de asilo estadounidenses en México con “campos de concentración”. Desde fines de febrero, han ingresado 10,000 migrantes que viven en campamentos fronterizos mexicanos.Estados Unidos para iniciar procedimientos de asilo. El 1 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció la terminación del MPP.

La académica Amarela Varela, quien ha estudiado la migración en México durante 20 años, dice que el gobierno de AMLO ha sido “un desastre” en lo que respecta a los derechos de los migrantes en México. “No hay interés en crear políticas estatales o públicas sobre asilo y refugiados, y nadie en el gobierno de la Cuarta Transformación está hablando de las miles de familias que están … atrapadas, viviendo sin papeles, y nadie está hablando de políticas para ayudar ellos se integran ”, dijo Varela en una entrevista previa a la terminación del MPP.

En el verano de 2019, Trump amenazó con aumentar los aranceles a los productos mexicanos que llegaban a Estados Unidos a menos que el país detuviera el flujo de migrantes hacia el norte, que es cuando México desplegó la Guardia Nacional para vigilar la migración. En ese momento, Ciudad de México y Washington también reafirmaron su compromiso de “promover el desarrollo y el crecimiento económico en el sur de México”. Anteriormente crítico acérrimo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, AMLO ha adoptado una posición mucho más pragmática, buscando relaciones amistosas con Washington, incluso bajo Trump, y la élite de México.

Las elecciones de mitad de período, programadas para el 6 de junio, servirán como barómetro del sentimiento público hacia el gobierno de AMLO. Se han realizado campañas en medio de la pandemia y en un clima de violencia electoral . Desde que comenzó el proceso electoral de este año en septiembre de 2020, 89 políticos han sido asesinados. Treinta y cinco de ellos eran candidatos que competían para ganar en la votación del domingo.

Tal como están las cosas, las remesas récord de mexicanos que trabajan en el extranjero han demostrado ser un salvavidas importante para los mexicanos más pobres, que se las arreglan por sí mismos durante la pandemia. “Tienes un gobierno que no está reaccionando a las circunstancias, que no tiene la capacidad ni los reflejos para ajustar sus prioridades a la situación y la emergencia que vive la población”, dijo Sánchez-Talanquer. “Es como si se tratara de un zombi, cumpliendo ciertos objetivos que [los funcionarios] se propusieron, como si nada más estuviera sucediendo a su alrededor”.

Para personas como Mixcoatl y otras personas activas en la economía informal, tienen la esperanza de que el gobierno intervenga con ayuda. “El gobierno no nos está ayudando como debería ser”, dijo Juan Carlos Morales, quien vende ropa en el Mercado Hidalgo en Puebla. A diferencia de los vendedores del mercado, dijo, los funcionarios del gobierno reciben un salario, trabajen o no. “Si vendemos algo, podemos comer carne; si no vendemos, comemos frijoles o una tortilla con sal ”.

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